Cuando un algoritmo decide si te dan un crédito, cuánto pagas de seguro o si tu currículum sigue en carrera, la pregunta deja de ser técnica y pasa a ser jurídica: ¿quién responde y cómo se acredita que esa decisión fue lícita?
Es lo que abordan Marcelo Drago Aguirre, socio de Data Compliance, y Ciro Colombara en su columna en El Mercurio. Desde el 1 de diciembre de 2026, con la Ley N° 21.719 en plena vigencia, las decisiones automatizadas podrán ser impugnadas ante la Agencia y los tribunales, y la carga de demostrar transparencia, proporcionalidad y evaluación de impacto quedará del lado de quien las usa.
Vale la pena leerla. 👇